TECNOLOGÍA. LLEGAN LOS FILTROS
Se acaba el todo vale. La tecnología médica es cada vez más cara y amenaza la sostenibilidad del sistema público de salud. En época de crisis aún más. Europa está poniendo orden en sus inversiones sanitarias dando un impulso sin precedentes a las agencias evaluadoras. El objetivo es conocer en que merece la pena gastar el dinero para mejorar el bienestar de los ciudadanos y qué dispositivos, procedimientos o fármacos están todavía inmaduros, son demasiado caros o no aportan valor. Se anuncian recortes.
Detrás de cada nuevo escáner, catéter, robot quirúrgico, test de diagnóstico o procedimiento operatorio que se incorpora a los centros sanitarios del Sistema nacional de Salud está el visto bueno de un grupo de evaluadores que han mirado por arriba y por abajo si el recién llegado no solo es seguro y eficaz, sino también rentable en términos sanitarios, es decir, si los beneficios que va a reportar a los ciudadanos merecen el precio que se va a pagar.
El paso por este tribunal es una exigencia cada vez mayor. “La evaluación es una estrategia para aportar conocimiento e intentar saber en que gastar”, afirma Antonio Sarría, director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías sanitarias (AETS) del Instituto de Salud Carlos III. Desde hace tres años, esta institución dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación ha emitido más de 100 informes sobre la conveniencia o no de incluir en las prestaciones de los centros de la red pública decenas de dispositivos sanitarios, procedimientos quirúrgicos o sistemas asistenciales…. Se espera que en los próximos años, la labor de escrutinio se multiplique.
GASTO INCONTENIBLE
El año 2006 supuso el punto de inflexión de la AETS (que trabaja para el Ministerio de Sanidad). En la II Conferencia de Presidentes de 2005 el tema del imparable crecimiento del gasto sanitario cayó como una losa.
Las cifras ardían y la variable de la incorporación de nuevas tecnologías surgió como uno de los combustibles principales: a esta partida se le atribuyó entre el 38% y el 42% del incremento.
Fue el empuje definitivo a los movimientos que años antes habían iniciado algunas comunidades autónomas creando agencias regionales de evaluación en un intento de frenar la escalada de los costes. El Gobierno decidió aunar esfuerzos y desde entonces ha inyectado cada año entre 10 y 15 millones de euros a la AETS para que, en colaboración con las unidades evaluadoras de Andalucía, Aragón, canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y el País vasco, detecte las tecnologías emergentes, las que por su valor pueden ayudar a ahorrar; elabore guías clínicas por patologías que ayuden al médico a aplicar la terapia más eficaz y rentable, y revise con rigor toda novedad que quiera hacerse un hueco en sus centros.
“La tecnología no es una amenaza para el sistema. Nos hace más eficaces y eficientes. Ahí están los ejemplos de la cirugía ambulatoria, la artroscopia, la laparoscopia, la resonancia magnética o la telemedicina. Dicho esto, es cierto que algunos nos ven como una barrera a la innovación, pero nuestro papel es favorecer que se incorpore solo la válida y frenar aquella que no ha probado su efectividad. Nuestros informes ponen de manifiesto que muchas tecnologías están en una fase inmadura, que algunas se incorporan antes de tiempo o que se usan en indicaciones no probadas. Pero el verdadero reto es lograr el uso apropiado de las que se introducen”, explica Pedro Serrano, jefe del Servicio de Evaluación y Planificación del Sistema Canario de salud.
Este fenómeno se reproduce en la mayoría de los hospitales europeos, aunque el rigor de los evaluadores y su poder de decisión, varía de un estado a otro. Mientras el departamento encargado de esta tarea en el Reino Unido está considerado el hueso más duro de roer del panorama evaluador internacional y aplica una vara de medir donde los argumentos económicos tienen gran peso, en otros lugares, como España, los dictámenes de las agencias no son vinculantes, ya que la decisión final de incorporar un nuevo escáner o una vacuna depende los políticos.
“El problema es cómo conciliar los intereses de los pacientes, del sistema sanitario y la incorporación de la innovación de la industria. No tenemos ningún instrumento objetivo que, además de medir el coste tenga en cuenta los valores y preferencias de la sociedad”, argumenta Serrano. “Uno de los principales inconvenientes de la evaluación económica de tecnologías es que no existen unas tarifas homogéneas ni se usan los mismos indicadores en todos los sitios” apostilla Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal.
A la industria no le va a quedar más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos. Algunas compañías, convencidas de las bondades de sus productos, se están adelantando a examen oficial. Con creciente frecuencia incorporan estudios de coste-eficacia para incrementar las posibilidades de sus sus tecnologías candidatas.
ESTIMULAR lA CRÍTICA
La demanda para incorporar productos a la actividad asistencial no cesa de crecer. Con el fin de evitar listas de espera de candidatos pendientes del visto bueno de las agencias regionales, y estatal, comunidades autónomas como Andalucía o Canarias están impulsando la creación de comisiones de evaluación en los hospitales. La estrategia de dar mayor autonomía no responde únicamente al intento de descargar de trabajo a las unidades centrales, sino que persigue fomentar entre los profesionales sanitarios, a los que en ocasiones es difícil convencer de la decisión tomada, una actitud crítica antes de demandar nuevos equipamientos. “Se les forma para que contrasten el supuesto valor de la tecnología y sus expectativas profesionales con las pruebas científicas y vean por ellos mismos si tal vez se trata de un proceso prometedor pero aún experimental o que solo se ha usado en animales y, por tanto, es pronto para aplicarlo en humanos”, explica Pedro Serrano.
Isabel Perancho
El Mundo Salud
3 de enero de 2009